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    Estrategias del gobierno cubano en el enfrentamiento al lavado de dinero, los capitales ilícitos, el terrorismo y la proliferación de armas

    Estrategias del gobierno cubano en el enfrentamiento al lavado de
    dinero, los capitales ilícitos, el terrorismo y la proliferación de armas
    18 Abril, 2017 9:25 pm por René López Benítez

    La Lisa, La Habana, René López, (PD) El Consejo de Estado, mediante el
    Decreto-Ley No. 317, dispuso la “Estrategia de Prevención y Detección de
    Operaciones en el enfrentamiento al Lavado de Activos, al Financiamiento
    del Terrorismo, a la Proliferación de Armas y al Movimiento de Capitales
    Ilícitos”, con fecha 7 de diciembre de 2013.

    El Consejo de Ministros estableció el Decreto No. 322, “De la Dirección
    General de Investigación de Operaciones Financieras, sus Funciones y
    Estructura”, del 30 de diciembre de 2013.

    Los dos decretos, publicados en la Gaceta Oficial de la República de
    Cuba, Edición Extraordinaria No. 8 de 23 de enero de 2014, no tienen
    transcendencia para el ciudadano común.

    El Estado y Gobierno cubanos reiteradamente se han manifestado contra la
    Lista de Países que apoyan al Terrorismo, instrumento expedido por el
    Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América. El
    fundamento que incrimina a la parte cubana está dado en el asilo y
    protección brindado a personas prófugas de la justicia norteamericana
    por graves delitos criminales y a miembros de movimientos armados como
    Los Macheteros, ETA, IRA, narco-guerrilleros Colombianos y otros.

    Desde los años 60, el gobierno cubano suministró financiamiento, armas y
    logística a muchos de esos grupos armados, algunos de los cuales
    desistieron de sus acciones violentas, se incorporaron a procesos
    democráticos y en varios casos obtuvieron victorias electorales.

    Otro tema que atenta contra Cuba es el apoyo político a gobiernos con
    marcada proyección terrorista como Libia, Siria, Irán, Irak y Corea del
    Norte.

    Es de destacar que en los últimos años la parte cubana ha dado muestra
    de haberse alejado de estas prácticas en Latinoamérica. Como garante del
    proceso de dialogo concluido en La Habana, contribuyó a los acuerdos de
    paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.

    El tema del lavado y desvío de dinero llama la atención en los últimos
    años. Producto de algunos desfalcos a gerencias, programas y entidades
    norteamericanas, el destino de significativas sumas después de transitar
    por bancos internacionales, principalmente del área del Caribe, ha sido
    entidades bancarias y financieras no bancarias de origen cubano, extremo
    que ha sido probado en procesos penales seguidos en las cortes
    estadounidenses contra criminales asociados a estas acciones, vinculados
    a las estafas al Medicare, hipotecas inmobiliarias, seguros, etc.

    También ha habido desvío de otras fuertes sumas de dinero de cubanos que
    viajan a ese país y regresan a Cuba con un capital sustancial.

    Toda esta vinculación ha sido rechazada por la parte cubana.

    El Banco Central de Cuba dispuso mediante su Resolución No. 51-2013 de
    15 de mayo del 2013, normas generales para la detección y prevención en
    operaciones de enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al
    terrorismo y movimientos de capitales ilícitos, con el fundamento de
    evitar el mal uso de las entidades bancarias y financieras no bancarias
    cubanas.

    El Consejo de Estado, con el interés de preservar la seguridad
    ciudadana, así como los compromisos y convenios de la ONU, ha declarado
    que la prevención es el elemento fundamental en el enfrentamiento a los
    nocivos flagelos que hacen proliferar estas acciones criminales.

    Con un importante fundamento de acción, el Consejo de Estado dispuso el
    Decreto-Ley 316 del 7 de diciembre del 2013, que modificó la Ley No. 62,
    Código Penal y la Ley No. 88, la Ley contra Actos de Terrorismo,
    alegando atemperarse a compromisos internacionales asumidos por el
    Estado y el Gobierno cubanos. No ha habido divulgación en los órganos de
    prensa cubanos sobre este particular.

    Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunieron en La Habana para
    revisar la implementación de los acuerdos bilaterales en materia
    migratoria de 1994. En este encuentro se trató el intercambio
    humanitario del ciudadano norteamericano Alan Gross y los cuatro
    procesados y sancionados por espionaje en Estados Unidos. Este espacio
    de diálogo pudiera tomarse para constituir un mecanismo permanente de
    análisis y consulta bilateral en materia de fuentes criminales de desvío
    de dinero y terrorismo. Ambas partes podrían quedar satisfechas de
    lograr la pretensión y de hecho el monitoreo y colaboración jurídica. En
    el caso que nos ocupa está prevista en la Metodología para la
    tramitación de solicitudes de cooperación jurídica internacional y notas
    verbales, adoptada mediante la Instrucción No. 214, del 27 de marzo de
    2012, con independencia de los conductos del Ministerio de Relaciones
    Exteriores y de instituciones policiales, contralorías, etc.

    Esta propuesta será rechazada de plano por facciones que continúan la
    apuesta por el rechazo a la estabilidad de las relaciones plenas.

    Sería oportuno señalar que para lograr la pretensión y sustanciación de
    conversaciones sobre este tema, las partes deben arribar despojadas de
    agendas contentivas de demandas y reclamos históricos, resultado de
    cincuenta y tantos años de confrontaciones. Solo lograrían apartarse de
    la realidad y las necesidades.

    Retomando el Decreto-Ley No. 317, este establece objetivos sobre el
    fundamento de implementar compromisos internacionales, creación de
    estructuras de gestión, control, investigación y análisis de la
    información y establecer nuevas bases legales de prevención y ejecución
    de los elementos previstos. Establece claramente los sujetos sometidos,
    teniendo en cuenta la proliferación de entidades y personal vinculado a
    estas de carácter estatal, gubernamental, ministerial o gerencial, estos
    últimos en lo referente a la Ley de Inversiones Extranjeras, modificada
    sustancialmente.

    Se creó la Dirección General de Investigaciones de Operaciones
    Financieras, siendo el Banco Central de Cuba quien actúa como autoridad
    rectora, subordinada al Superintendente, sin afectar en lo más mínimo
    las funciones de los Organismos de Control de la Contraloría General de
    la República y las Direcciones Integrales del Ministerio del Interior.

    Se requiere diligencia y responsabilidad en el pleno conocimiento de
    clientes radicados y promotores de operaciones, derivándose del análisis
    de Operaciones Sospechosas, Registro de Operaciones en Efectivo, Otros
    Depósitos, así como el Régimen de Sanciones Financieras y la Prevención
    y Enfrentamiento.

    Para todo el funcionamiento procesal de estas regulaciones se dispone la
    constitución del Comité Coordinador para la Prevención y Enfrentamiento,
    presidido por presidente del Banco Central de Cuba, sustituido en su
    ausencia por el superintendente. Integran el Comité, representantes de
    la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, el
    Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la
    Oficina Nacional de la Administración Tributaria, así como otros
    expertos de órganos y organismos de la Administración Central del Estado.

    La Contraloría General de la República tiene facultades rectoras en la
    ejecución del Decreto-Ley, que establece un término de sesenta (60) días
    naturales para que los jefes de los organismos que integran el sistema
    dispongan de normas procesales para su ejecución.

    Un tema escabroso fue el referente al papel de suministrador de armas
    por parte del gobierno cubano al de Corea del Norte, violando normas de
    prohibición adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

    La referida violación fue detectada materialmente al cruce de un buque
    por la Zona del Canal de Panamá. El gobierno panameño dispuso mediante
    su sistema jurídico la imposición de una multa de mil dólares a la
    tripulación norcoreana y el correspondiente procedimiento criminal para
    algunos.

    Funcionarios y peritos del sistema de ONU procedieron a la investigación
    del hecho en cuestión. Se conoció que el gobierno cubano aportó los
    elementos reclamados por los investigadores, sin determinar los
    responsables de la autorización y ejecución del suministro.

    El gobierno de Panamá presentó serias reservas contra la ejecutoria
    procesal del gobierno cubano. El asunto en cuestión se articuló como una
    violación grave dentro del tema Terrorismo de Estado.

    El Consejo de Ministros (Gobierno) dispuso mediante el Decreto No. 322,
    la Reglamentación del Decreto-Ley No. 317, en lo referente a la
    Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras,
    referente a sus funciones y estructura, con una marcada subordinación a
    la legislación de ONU sobre el particular, entre ellas, las resoluciones
    Nos. 126-99 y 1323-2001, del Consejo de Seguridad, información y
    listados de identificaciones de sujetos, circulados a organismos
    naciones e internacionales, en el marco de sus competencias.

    Se impone el conocimiento y dominio control de las estructuras del Banco
    Central de Cuba, (Decreto-Ley No. 172, modificado por el Decreto-Ley No.
    294; Sobre bancos e instituciones financieras no bancarias (Decreto-Ley
    No. 173); estructura y organización de la Banca Internacional Cubana
    (Decreto-Ley No. 181); sobre el otorgamiento de licencias a bancos e
    instituciones financieras no bancarias (Resolución No. 24-1999 del
    presidente del Banco Central de Cuba); sobre el procedimiento de
    otorgamiento de tarjetas como medios de pago (Resolución No. 64-1999,
    del presidente del Banco Central de Cuba); Procedimiento sobre Licencia
    de Interrelación Financiera en la Zona Especial de Mariel, (Resolución
    No. 872-2013 del presidente del Banco Central de Cuba); Compendio de
    Licencias Operaciones otorgadas al Banco de Crédito y Comercio (Bandec),
    Banco Popular de Ahorro, Banco Nacional de Cuba, Banco Industrial de
    Venezuela, Banco de Inversiones S.A., Banco Metropolitano S.A. Banco
    Exterior de Cuba, Banco Financiero Internacional, Banco Internacional de
    Comercio S.A. Estos bancos mantienen relaciones financieras no bancarias
    con otras instituciones de origen cubano y extranjeras radicadas en Cuba
    y en el exterior.

    Se actualiza la política crediticia a sectores alternativos de la
    economía cubana. El Banco Central de Cuba mantiene el control de las
    negociaciones de la deuda externa y la deuda bilateral y multilateral.

    Indiscutiblemente, la política y proyección del gobierno cubano en
    relación con el terrorismo y el terrorismo de estado fue reestructurada
    o rediseñada ajustándose a normas internacionales. La inclusión en la
    Lista de Países Vinculados al Terrorismo es motivo bastante y suficiente
    para tomar medidas que justifiquen salir del monitoreo que ejecuta el
    Departamento de Estado.

    La celebración de las cumbres de la CELAC ha sido utilizada por la parte
    cubana para probar su proyección democrática, siendo ponente de la
    Declaración de Región Libre de Enfrentamientos. Haber logrado un espacio
    fuera de la OEA ha sido utilizado como elemento probatorio de cambio de
    estrategia.
    dr.renelopez@yahoo.es; René López
    Tomado del blog Referencia Jurídica

    Source: Estrategias del gobierno cubano en el enfrentamiento al lavado
    de dinero, los capitales ilícitos, el terrorismo y la proliferación de
    armas | Primavera Digital –
    primaveradigital.org/cubaprimaveradigital/estrategias-del-gobierno-cubano-en-el-enfrentamiento-al-lavado-de-dinero-los-capitales-ilicitos-el-terrorismo-y-la-proliferacion-de-armas/