Alan Gross: Castro's prisoner
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    Disidencia y dólares

    Disidencia y dólares
    ALEJANDRO ARMENGOL

    Washington debe interrumpir la entrega de fondos para la disidencia
    cubana. No como parte de un plan de mejor relaciones con La Habana ni
    mucho menos para congraciarse con el gobernante cubano Raúl Castro. Debe
    hacerlo por un hecho simple: está botando el dinero.

    Si alguien en el exilio considera que los opositores deben ser
    mantenidos, debido a que el gobierno de la isla no les da trabajo
    —explicación que en estos momento ha perdido vigencia a partir de la
    posibilidad de empleo por cuenta propia—, la respuesta es simple: echar
    mano al bolsillo.

    Hay decenas de trabajos a realizar —desde costureras y peluqueras hasta
    fontaneros y albañiles— que pueden ser desempeñados sin convertir la
    tarea opositora en un empleo. En primer lugar porque estas actividades
    no se realizan a tiempo completo, como se ha demostrado a través de los
    años. En segundo porque, de existir la categoría de disidente
    profesional, al menos se debería exigir cierta efectividad, como ocurre
    con cualquier trabajador en cualquier sistema social, salvo en la
    sociedad comunista que nunca surgió. De lo contrario, estamos ante la
    paradoja de un grupo de abanderados del capitalismo que se comportan
    como mantenidos al estilo socialista.

    Si bien es cierto que no toda la oposición cubana y tampoco buen número
    de activistas de lo que podría ser un embrión de sociedad civil caen
    bajo el mismo criterio, y hay quien se sostiene con diversas tareas, la
    parte más visible —o al menos locuaz— del grupo ejemplifica esa actitud
    de recibir dinero (mucho o poco) a cambio de casi nada.

    Creados durante la administración de Bill Clinton, los programas
    denominados Cuba Democracy Assistance se ampliaron bajo la presidencia
    de George W. Bush y han continuado durante el mandato del presidente
    Barack Obama.

    No se trata de establecer mejores controles administrativos. En este
    sentido han ocurrido mejoras y la situación no es tan caótica como en
    otros tiempos. A partir del 2004 se establecieron mecanismos de
    “competencia oficial para seleccionar a quienes reciben las donaciones”
    y entraron en vigor medidas adecuadas para mejorar la supervisión de los
    programas. Pero ello no ha evitado la continuación de una práctica a la
    que hay que poner fin, ya que se trata de una política caduca y
    fracasada. Las cifras son elocuentes.

    Por ejemplo, de los $65 millones otorgados por la Agencia Internacional
    para el Desarrollo (USAID), para ayudar a un cambio democrático en la
    isla, empleados en la financiación de 40 programas entre 1996 y el 2005,
    $62 millones fueron otorgados en “respuesta a propuestas no
    solicitadas”, lo que quiere decir que se dieron sin la existencia de
    proyectos compitiendo para recibir las donaciones.

    En el 2008 el Congreso aprobó $40 millones para los dos años siguientes.
    Luego continuó aprobando fondos con este objetivo. Entre los años
    fiscales del 2009 al 2011 se destinaron $55 millones al respecto. De
    ellos, la USAID administró cerca de $31 millones, mientras el
    Departamento de Estado se hizo cargo del resto. A su vez, $20 millones
    se destinaron para el año fiscal del 2012. Para el 2013 se entregaron
    $15 millones y en el 2014 $20 millones.

    La USAID fue por años la agencia encargada de entregar la mayor parte de
    los fondos destinados a lograr un cambio democrático en Cuba, aunque en
    febrero de 2014 quedó excluida de los $17.5 millones consignados para
    programas por la democracia en Cuba, en medio de quejas de disputas
    políticas partidistas y de que la agencia ha manejado esos programas de
    modo erróneo.

    En total, $232.5 millones sin resultados visibles.

    La USAID no es la única que otorgaba dinero de los contribuyentes para
    actividades destinadas a promover cambios.

    La Fundación Nacional para la Democracia (NED) es otro importante
    receptor de fondos del gobierno de Estados Unidos para sostener
    programas con este objetivo, aunque por definición es una organización
    no gubernamental. (Vale señalar que la NED, con sede en Washington,
    D.C., hace un trabajo mejor que la mayoría de las otras organizaciones
    en la divulgación al público de cómo se gasta su dinero.)

    Una propuesta de ley de gastos del Departamento de Estado en el año
    fiscal 2016, presentada a comienzos de junio en el Congreso, aumentaría
    el financiamiento para la promoción de la democracia y el
    fortalecimiento de la sociedad civil en Cuba hasta los $30 millones, al
    tiempo que prohibiría el empleo de fondos para expandir la misión
    diplomática en Cuba más allá de las instalaciones existentes antes del
    17 de diciembre.

    Por supuesto que no todo este dinero ha sido entregado a la disidencia o
    a las organizaciones en Miami que representan a los diferentes grupos,
    sino que también ha servido para el financiamiento de rotundos y
    notables fracasos, desde la encarcelación del ex subcontratista Alan
    Gross hasta programas como ZunZuneo y la promoción del hip-hop. Sin
    embargo, los cientos de millones mal empleados deberían servir por sí
    solos para poner fin a este disparate. Sin más demora.

    Source: Disidencia y dólares | El Nuevo Herald –
    http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/alejandro-armengol/article30430086.html