Alan Gross: Castro's prisoner
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    El régimen avizora una oportunidad

    El régimen avizora una oportunidad

    Mauricio Claver-Carone | Washington | 4 Abr 2013 – 9:00 am.

    El Departamento de Estado de EE UU considera cambiar la designación de

    Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Hacerlo sería otorgarle a

    La Habana una victoria diplomática inmerecida.

    Durante la pasada década, el gobierno de los Castro gastó billones de

    dólares seduciendo burós de agricultores estadounidenses y empresarios

    agrícolas para conseguir, a través de sus influencias en el Congreso,

    que se levantaran las sanciones contra Cuba. Reconociendo recientemente

    las pocas posibilidades de que el Congreso de EE UU vote por esos

    cambios sin poner condiciones a cambio, y aventurando una posible

    apertura con el nuevo secretario de Estado John Kerry, quienes hacen

    lobby por los Castro han cambiado la meta de sus negociaciones con la

    administración Obama, y apuestan ahora por sacar a Cuba de la lista de

    Estados patrocinadores del terrorismo confeccionada por el Departamento

    de Estado.

    Durante su carrera como senador, Kerry abogó por suavizar las sanciones

    estadounidenses sobre Cuba. Las especulaciones de que el Departamento de

    Estado considere sacar a Cuba de esa lista que incluye a Irán, Sudán y

    Siria, han sido alentadas por algunos reportes noticiosos que citan

    frases contradictorias de fuentes anónimas de la administración. Según

    The Boston Globe, varios diplomáticos de alto nivel han sugerido que

    Cuba sea sacada de esa lista. Sin embargo, Victoria Nuland, vocera del

    Departamento de Estado, aclaró a finales de febrero pasado que no

    existían "planes actuales" de cambiar la designación de Cuba como estado

    patrocinador del terrorismo. No obstante, esto no ha disminuido los

    esfuerzos de aquellos que buscan un acercamiento al régimen de los

    Castro, y la decisión final sobre el tema no será revelada oficialmente

    hasta el 30 de abril.

    Cuba está incluida en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo

    desde 1982 debido a sus acciones hostiles y al apoyo que ha brindado a

    grupos insurgentes armados. Y, aunque la pertenencia a esa lista impone

    sanciones como la prohibición de EE UU de vender armas y de ofrecerle

    ayuda económica a tales países, la salida de Cuba de la lista influiría

    muy poco sobre esas sanciones, que fueron codificadas por separado en

    1996. No obstante, ello ofrecería a los hermanos Castro una gran —e

    inmerecida— victoria diplomática.

    Los Castro llevan tiempo protestando e intentado salirse del ostracismo

    que conlleva esa lista de terroristas, pero se han negado siempre a

    modificar el comportamiento que les ha valido tal designación. Por otra

    parte, están esperanzados en que el cambio de estatus podría mejorar su

    situación entre los congresistas reacios, conduciendo más fácilmente, en

    un futuro cercano, al levantamiento incondicional del embargo.

    Conforme a los criterios legales estipulados en la sección 6(j) de la

    Ley de Administración de Exportaciones (actualmente reautorizada bajo la

    Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales), Cuba solo

    puede eliminarse de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo

    mediante dos maneras.

    En la primera de ellas, el presidente de EE UU presenta un informe al

    Congreso que certifique que ha ocurrido un cambio fundamental en el

    liderazgo y en las políticas del gobierno de Cuba, que Cuba no apoya ya

    actos de terrorismo internacional, y que Cuba ha dado "garantías" de que

    no apoyará ningún acto de esa clase en el futuro.

    Sería falso argumentar que ha habido un "cambio fundamental" cuando los

    Castro han gobernado el país con mano de hierro durante 54 años. Esta

    opción no pasa la prueba de la risa.

    La otra opción es que el presidente estadounidense decida acabar con la

    lista y, al menos 45 días antes de hacerlo, presente un informe en el

    Congreso que asegure que el Gobierno cubano no ha proporcionado ningún

    apoyo al terrorismo internacional durante los seis meses precedentes y

    ha ofrecido garantías a EE UU de que no apoyará actos terroristas en el

    futuro.

    Constituiría un insulto a los estadounidenses que la eliminación de Cuba

    de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo se basara

    únicamente en las garantías de cambio hechas por una dictadura que

    reprime brutalmente a su población, desafía el Estado de derecho,

    acostumbra a fomentar por todo el mundo el antiamericanismo con una

    provocadora retórica antidemocrática, y mantiene en prisión a un

    cooperante estadounidense, Alan P. Gross. Detenido en diciembre de 2009,

    el "delito" de Gross consistió en ayudar a miembros de la comunidad

    judía de Cuba a conectarse a internet.

    Esta segunda opción tiene un mal precedente: la última vez que EE UU se

    confió de las "garantías" de un dictador para justificar la exclusión de

    un país de la lista de patrocinadores del terrorismo fue en 2008, cuando

    el presidente George W. Bush aceptó el testimonio de la familia Kim de

    que Corea del Norte no apoyaría o participaría en actos de terrorismo

    internacional. Lo cual, obviamente, no funcionó bien a la larga.

    Solamente la falta de credibilidad de los hermanos Castro es legalmente

    suficiente para prohibir el cambio de designación de Cuba. Pero, además,

    Cuba ha de ser descalificada porque continúa promoviendo y apoyando el

    terrorismo internacional. El Informe de Países y Terrorismo del

    Departamento de Estado norteamericano establece una lógica de tres

    puntos para la designación de Cuba como patrocinador del terrorismo:

    Primero, "los miembros actuales y anteriores de ETA continúan residiendo

    en Cuba… Informes de prensa indicaron que el Gobierno cubano

    proporcionó asistencia médica y política a las FARC. No hubo indicio

    alguno de que el Gobierno cubano proporcionó armas o entrenamiento

    paramilitar a ETA o a las FARC".

    EE UU considera a ETA y a las FARC como organizaciones terroristas

    extranjeras y Cuba sigue prestando apoyo a ambos grupos. El argumento

    nuevo favorito de aquellos que buscan la eliminación de Cuba de la lista

    es tener en cuenta que las negociaciones de paz entre el Gobierno

    colombiano y las FARC están teniendo lugar en La Habana. Pero para sacar

    a Cuba de ese listado, EE UU tendría que anular la designación de ETA y

    las FARC como organizaciones terroristas extranjeras. Y más importante

    aún, no existe todavía acuerdo de paz o paz en Colombia, y ETA sigue

    amenazando a España.

    Testificando sobre Colombia ante el Comité de Servicios Armados, el

    general John F. Kelly, jefe del comando sur estadounidense, ofreció

    cierta perspectiva: "Los grupos terroristas representan un desafío

    persistente que ha asolado la región durante décadas. Las FARC es la

    guerrilla más antigua, más grande, más capaz y mejor equipada de la

    región. El gobierno de Colombia se encuentra en negociaciones de paz con

    las FARC, pero la lucha está lejos de haber terminado y un acuerdo de

    paz exitoso no está garantizado. Aunque debilitada, las FARC continúan

    confrontando al Estado colombiano, utilizan dispositivos explosivos y

    sabotean infraestructuras energéticas y conductoras de petróleo".

    En segundo lugar, el informe del Departamento de Estado sobre Cuba

    afirma que "el Gobierno cubano continúa permitiendo que fugitivos de EE

    UU residan en Cuba, e incluso los provee de viviendas, cartillas de

    racionamiento y atención médica".

    Esto no ha cambiado. El FBI estima que Cuba ha servido de puerto seguro

    a más de 70 prófugos de la justicia estadounidense, los cuales viven en

    la Isla al amparo del régimen castrista. A algunos de estos fugitivos se

    les acusa o han sido condenados por asesinato, secuestro de personas y

    secuestro aéreo, y entre ellos existen notorios asesinos de policías en

    Nueva Jersey y en Nuevo México.

    Merecen especial mención en este punto las acusaciones impuestas por EE

    UU contra los pilotos cubanos Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco

    Pérez Pérez, y contra el general Rubén Martínez Puente, jefe de la

    fuerza aérea cubana que en 1996 ordenó a los pilotos derribar dos

    aviones civiles estadounidenses sobre aguas internacionales en el

    estrecho de la Florida. Ese acto de terrorismo acabó con la vida de

    cuatro hombres, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.

    En tercer lugar, un informe del Departamento de Estado avisa que la

    Financial Action Task Force (FATF) ha identificado a Cuba como país con

    deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación

    del terrorismo. En febrero pasado, el régimen castrista hizo "un

    compromiso político de alto nivel" para trabajar con FATF respecto a

    blanqueo de dinero y a flujos de dinero del terrorismo a través de Cuba.

    Pero desde entonces no ha habido ningún esfuerzo cubano perceptible para

    tipificar como delito el lavado de dinero o establecer procedimientos

    para identificar y congelar los activos de los terroristas.

    Nuevos argumentos

    A las justificaciones existentes para mantener a Cuba en la lista de

    patrocinadores del terrorismo, el Departamento de Estado puede agregar

    ahora nuevos puntos.

    El terrorismo es definido en la legislación estadounidense como "el uso

    ilegal de la fuerza y la violencia contra personas o bienes para

    intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a cualquier

    estamento, en cumplimiento de objetivos políticos o sociales". La

    detención y el encarcelamiento arbitrario de Alan P. Gross bajo el cargo

    de acciones internacionalmente protegidas por el artículo 19 de la

    Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es

    signataria, constituye un acto de terrorismo. Por otra parte, el régimen

    castrista ha dejado claro que mantendrá a Gross como rehén hasta que EE

    UU libere a los cinco espías cubanos condenados en cortes federales

    estadounidenses.

    Además, miles de soldados cubanos y oficiales de inteligencia se

    encuentran emplazados en Venezuela. La presencia cubana allí y el

    control que ejerce sobre los más altos niveles del ejército, la policía

    y la inteligencia venezolana no solamente amenaza con subvertir la

    democracia de esa nación, sino que permite que las autoridades

    venezolanas sirvan a los intereses cubanos en el tráfico de droga y de

    armas, y en el apoyo a organizaciones radicales como Hezbolá y la rama

    iraní de Al Qaeda.

    Los estrechos vínculos políticos de Cuba con otros Estados

    patrocinadores del terrorismo —particularmente Irán y Siria— y su

    historia de compartir información secreta con regímenes condenables son

    de gran preocupación y, según varios exfuncionarios de la inteligencia

    estadounidense, plantean un riesgo para los esfuerzos que realiza EE UU

    en la lucha contra el terrorismo en el Medio Oriente y otras regiones.

    Tal como el presidente Obama reconociera el mes pasado al renovar la

    designación de "emergencia nacional" que regula el movimiento y el

    anclaje de barcos en el estrecho de la Florida (un procedimiento

    emprendido cada año por los presidentes estadounidenses desde 1996,

    luego del derribo de aviones civiles estadounidenses por el régimen

    castrista), "el Gobierno cubano no ha demostrado que se abstendría del

    uso de fuerza excesiva contra buques o aeronaves estadounidenses que

    puedan participar en eventos conmemorativos o en protestas pacíficas en

    el norte de Cuba".

    Sacar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en

    base a meras esperanzas de mejorar las relaciones bilaterales sería una

    mala práctica de política exterior. El gobierno cubano debe ganarse el

    ser considerado de otro modo. Evidentemente no lo ha hecho así hasta

    ahora, y mientras los hermanos Castro retengan su absoluto control sobre

    la Isla, no es probable que lo haga.

    http://www.diariodecuba.com/internacional/1365025824_2607.html