Alan Gross: Castro's prisoner
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    Cuánto tendrá que esperar la familia Payá para saber la verdad?

    Ángel Carromero, Represión, Disidencia, Oswaldo Payá
    ¿Cuánto tendrá que esperar la familia Payá para saber la verdad?

    El acusado por la fiscalía, que no por los familiares comprensivos con
    la difícil situación del joven español, pasó de amigo solidario a autor
    involuntario de una tragedia para la vida política de Cuba

    Miriam Leiva, La Habana | 16/10/2012 10:50 am

    El tribunal impuso a Ángel Carromero la sanción de cuatro años de
    privación de libertad, informó el portal Cubadebate este 15 de octubre,
    antes de que la noticia fuera difundida por los medios nacionales. Es
    una muestra más de cómo las autoridades menosprecian y maltratan a los
    cubanos, en su mayoría sin acceso a Internet. Era previsible el anuncio,
    pues el juicio se realizó el 5 del presente mes y la Sala Primera de lo
    Penal del Tribunal Provincial de Granma contaba con 5 días hábiles para
    pronunciarse. Ahora podría esperarse la apelación, pero el joven español
    podría ser extraditado a Madrid, según un convenio existente entre ambos
    gobiernos desde hace años.

    El guión cuidadosamente preparado para el juicio de Ángel Carromero
    habría podido ser estropeado súbitamente por la presencia en el tribunal
    de tres jóvenes buscadores de la verdad. Las familias de Oswaldo Payá
    Sardiña y Harold Cepero no habían formulado acusación contra el acusado
    por la fiscalía de homicidio involuntario, ni se esperaba su presencia.
    El juicio se efectuaría en el Tribunal Provincial de Bayamo a 800
    kilómetros de La Habana, donde el Gobierno preparó el escenario para
    limitar el acceso y, sobre todo, expulsó o encarceló a los periodistas y
    blogueros independientes para desviar la atención internacional con
    respecto a los detalles del proceso y cualquier circunstancia imprevista
    que se presentara. Los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba
    presenciaron el juicio desde una habitación mediante una pantalla del
    circuito cerrado de televisión, sin sus equipos de trabajo, más allá de
    papel y un objeto para escribir a mano.

    Sin embargo, la noticia más importante estaba fuera del Tribunal, y ha
    pasado sin ocupar los espacios mediáticos que merece, para beneplácito
    de los interesados en que fuera solapado por otros eventos como el
    arbitrario y habitual apresamiento de los opositores pacíficos, las
    ficticias elecciones nacionales, los cercanos comicios en Venezuela, el
    debate de los candidatos en Estados Unidos, las batallas en Siria, la
    crisis económica en Europa y otros relevantes hechos internacionales.

    Rosa María Payá Acevedo y sus hermanos Oswaldo y Reinaldo se acercaron a
    la puerta del Tribunal para ejercer su derecho de asistir al juicio,
    donde se abordarían las circunstancias del accidente automovilístico
    debido al cual fallecieron Oswaldo Payá Sardiña, su padre, y Harold
    Cepero, el 22 de julio. El despliegue de la Seguridad del Estado y la
    Policía Nacional Revolucionaria impidió su acceso. Una persona que adujo
    ser un funcionario les comunicó que no podrían participar, pues no
    habían avisado previamente de su intención de hacerlo. ¡Se había dicho
    que el juicio era una vista pública! ¿Quién fue el público asistente?
    ¿Tenían mayor derecho que los familiares de los fallecidos?

    Sencillamente su presencia podía desarticular la preparación psicológica
    de Ángel Carromero, cuya declaración fue transmitida en la televisión
    cubana con un video, donde evidenciaba mucho temor y rogaba que no se
    politizara el proceso, a fin de poder salir del duro trance lo antes
    posible. El acusado por la fiscalía, que no por los familiares
    comprensivos con la difícil situación del joven español, pasó de amigo
    solidario a autor involuntario de una tragedia para la vida política de
    Cuba. Aun si los hechos hubieran ocurrido como él manifestó en esa
    ocasión y como las autoridades cubanas informaron en su escueta nota, en
    el curso de la presentación de pruebas y las respuestas del imputado
    habrían surgido los detalles ocultados hasta ese momento. No obstante,
    la negativa a ofrecer información a las familias y facilitar su
    encuentro con Carromero acreditan las dudas sobre la veracidad de lo
    expuesto públicamente.

    El Gobierno de España también debe haber estado interesado en que el
    juicio transcurriera como se había negociado, pues su objetivo era la
    rápida realización sin complicaciones, a fin de lograr la extradición
    según el convenio vigente. Seguramente habrá atendido el caso como
    corresponde hacia todos sus ciudadanos, pero con el compromiso adicional
    de que se trata de un dirigente de las Juventudes del Partido Popular
    actualmente en el poder, el cual ha tenido tensas relaciones con las
    autoridades cubanas en los años previos a su ascenso por las elecciones
    de 2011. Desde el lamentable accidente, las autoridades españolas han
    desplegado una fina política para poder resolver el inoportuno embrollo,
    y evitar que no se convierta en un diferendo similar al existente entre
    Cuba y Estados Unidos con la prisión de Alan Gross. También la situación
    es complicada, ya que Payá había recibido la nacionalidad española hacía
    tres años, a lo cual su familia no se había referido en público,
    seguramente en gesto amable para facilitar la solución del gran problema
    Carromero, pero que Carlos Payá, hermano de Oswaldo residente en España,
    ha develado luego del juicio.

    No la tiene nada fácil el gobierno de Mariano Rajoy. El Partido Popular,
    con el gobierno de José María Aznar como primer ministro, impulsó la
    Posición Común de la Unión Europea en 1996. Cuando la asonada represiva
    contra 75 pacíficos opositores en marzo de 2003, contribuyó a que la
    institución estableciera las medidas condenatorias, que incluyeron la
    invitación a los disidentes y familiares de los 75 a las recepciones de
    las embajadas acreditadas en La Habana. Continuó su solidaridad y desde
    2004 criticó el acercamiento a ultranza del Partido Socialista Obrero
    Español, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyó el
    cese de la participación en esas actividades por las fiestas nacionales.
    Sin embargo, el PP llegó al poder en momentos en que España afronta una
    crisis económica y social muy compleja, por lo que en su política
    exterior refuerza la tradicional prioridad de defender los intereses de
    sus ciudadanos e impulsar los negocios de sus empresas. Razones
    suficientes para que el "asunto Carromero" sea exprimido por las astutas
    y mal intencionadas autoridades cubanas. La muestra más evidente ha sido
    la realización del foro empresarial en la capital cubana, asi como el
    anuncio dos días antes de celebrarse el juicio de que no se invitaría a
    disidentes a la recepción por la fiesta nacional.

    Desde antes se hablaba en medios del PP que el joven estaría de vuelta
    en noviembre, posiblemente pensando en una solución alrededor de la
    realización de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz (los jefes de estado y
    gobierno han comunicado su participación, falta la confirmación de Hugo
    Chávez y Raúl Castro).

    El gobierno cubano utiliza todos los resortes para hacer tragar hiel,
    con el objetivo supremo de aprovecharse de las ventajas económicas que
    pueda agarrar y procurar legitimarse en los escenarios internacionales.
    Los pronunciamientos sobre la violación de los derechos humanos en Cuba
    tienen que salir del éter y abordarse concretamente, lo cual omiten los
    dignatarios de nuestra región. En todo caso, los cubanos tenemos que
    alcanzar las soluciones a la inmensa crisis nacional con nuestros
    propios esfuerzos, si bien el apoyo de la comunidad internacional es muy
    importante.

    http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/cuanto-tendra-que-esperar-la-familia-paya-para-saber-la-verdad-280853