Alan Gross: Castro's prisoner
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    Gross y los Cinco: ¿tiempo de cambio?

    Política

    Gross y los Cinco: ¿tiempo de cambio?
    Miguel Fernández-Díaz
    Miami 16-03-2011 - 3:47 am.

    Washington y La Habana tienen ya sus respectivos condenados por
    espionaje con marcado interés por liberarlos.

    Alan Philip Gross es el primer ciudadano de Estados Unidos molido en el
    trapiche del artículo 91 del Código Penal (1987), que prescribe de 10 a
    20 años de cárcel o pena de muerte a quien, en interés de un Estado
    extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la
    independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio. La
    empresa Development Associates International (DAI) lo envió a Cuba, con
    visa de turista, a ejecutar un programa contratado por la Agencia para
    el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), que incluía
    repartir laptops y teléfonos celulares dizque en la comunidad judía.

    No es plausible que USAID, DAI y Gross desconocieran que el lugar de
    ejecución del contrato es una isla donde se prohíbe a particulares
    adquirir mimeógrafos (Resolución 180-96 del Ministerio de Comercio
    Interior). Luego de dar pita suficiente para que Gross viajara a Cuba
    seis veces en 2009, Castro mandó a prenderlo el 3 de diciembre de ese
    año, cuando Gross se disponía a volar de regreso a EE UU. El canje por
    los cinco espías penitentes de la Red Avispa se vislumbró desde que Raúl
    Castro soltara en sesión de la Asamblea Nacional, el 20 de diciembre de
    2009, que ese ciudadano norteamericano, eufemísticamente denominado
    contratista, se dedicaba al abastecimiento ilegal con sofisticados
    medios de comunicación vía satélite en contra de nuestro pueblo. Al
    concluir el juicio este 5 de marzo, la nota oficial repicó que Gross
    tomó parte directa en proyecto subversivo para intentar derrocar la
    Revolución, con empleo de sofisticadas tecnologías para crear redes
    clandestinas fuera del control de las autoridades.

    El debido proceso

    Según el artículo 107 de Ley de Procedimiento Penal (1977), las
    diligencias previas al juicio se realizan en el plazo más breve posible,
    sin exceder de 60 días, pero pueden prorrogarse hasta seis meses y aun
    por "nuevo término". Como este último no se precisa en la ley, queda a
    la discreción del Fiscal General y así se que explica que Gross fuera
    enjuiciado 15 meses después de su arresto. Tuvo suerte: pudo ser más y
    nada hubiera pasado, pero al fallar la profecía de Castro sobre el
    regreso de los Cinco antes del fin de año pasado, parece adecuado
    apretar las clavijas con sentencia firme.

    Después de haber dado tanta guerra con la hipótesis de que los medios de
    comunicación influyen tanto en la función de impartir justicia que
    algunos jurados que no leen en español llegaron a predisponerse contra
    los Cinco por culpa de El Nuevo Herald y Diario las Américas, el
    gobierno de Cuba demostró que sí se puede hacer justicia a quien, como
    afirmó Ricardo Alarcón, trabajaba para los servicios de inteligencia de
    EE UU, a pesar de que el juicio y el trámite de sentencia coincidieran
    con nuevos capítulos de la serie televisiva Las razones de Cuba. En
    dicha serie, el agente Alejandro reveló el plan de la CIA para montar
    redes clandestinas en Cuba con ánimo de subvertir la revolución, y la
    capitana Mariana explicó la estrategia de Washington para conformar
    redes informáticas ilegales, con capacidad de transmitir y recibir datos
    codificados a través de conexiones inalámbricas y satelitales. Antes se
    había filtrado por internet la conferencia del celador Eduardo Fontes,
    quien despachó a Gross como mercenario que vino a tumbar la revolución.

    Así y todo, cinco jueces que sólo pueden ver Televisión Cubana se
    atuvieron, durante dos sesiones que sumaron 17 horas, nada más que a las
    declaraciones de Gross y diez testigos, los informes del instructor de
    la Seguridad del Estado y nueve peritos, así como al resto de las
    pruebas, para sacar en una semana la cuenta de que si el fiscal pidió 20
    años y el mínimo del delito imputado es 10, Gross merece en justicia 15,
    esto es: la misma condena que Castro por encabezar el asalto al cuartel
    Moncada. Y eso solo porque Gross se reviró contra DAI y USAID,
    acusándolas de haberlo engañado, puesto en peligro y arruinado. Al
    parecer no estaba disponible abogado de oficio, como Paul McKenna para
    Gerardo Hernández, sino que la familia Gross tuvo que hacer sonar la
    contadora del Bufete de Servicios Especializados para contar con la
    defensa de su directora, Armanda Nuris Piñero Sierra.

    La Ley de Procedimiento Penal (1977) autoriza a Gross a interponer ahora
    recurso de casación contra la sentencia (Artículo 67) dentro de los diez
    días hábiles siguientes a la notificación (Artículo 71). El recurso de
    casación se resolvería por la sala competente del Tribunal Supremo
    Popular y las alternativas son:

    * Devolver las actuaciones a la Sala de los Delitos contra la
    Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La
    Habana, si se acoge algún motivo de forma
    * Dictar sentencia distinta, si se acoge algún motivo de fondo
    * Confirmar la sentencia de primera instancia, si no prospera
    ningún motivo

    A primera vista, la única esperanza de Gross estaría cifrada en alegar,
    como motivo de fondo, el uso inadecuado del arbitrio judicial al
    imponérsele sanción y buscar así rebaja a 10 años. La nueva sentencia
    del (o la confirmación de la vieja por el) Tribunal Supremo Popular será
    firme (definitiva) y dejará mejor servida la mesa de negociación para
    canjear presos que Washington y La Habana consideran políticos en sus
    respectivos gustos.

    No en balde Raúl Castro echó mano en Brasilia, el 18 de diciembre de
    2008, al comodín "gesto por gesto" para sugerir a Washington cambiar a
    los Cinco por los reos de la Causa de los 75.

    Precedentes del intercambio

    La Guerra Fría encumbró al puente Glienicke, entre Berlín Oriental y
    Occidental, como lugar de canje: tres espías de Occidente por cinco del
    Pacto de Varsovia, el 11 de febrero de 1986; 23 agentes de EE UU por
    cuatro de Europa del Este, el 12 de junio de 1985; pero sobre todo la
    transacción en que Francis Gary Powers, piloto del avión espía U-2
    derribado (mayo 1, 1960) sobre la Unión Soviética y el estudiante
    americano Frederic Pryor, preso sin cargos en Berlín Oriental, fueron
    cambiados el 10 de febrero de 1962 por el superespía soviético Rudolf
    Abel (Viliam Fisher), sancionado por triple conspiración (transmitir
    información de defensa, obtener información clasificada y actuar como
    agente de gobierno extranjero sin registrarse) a 45 años de prisión, es
    decir: muy por debajo de la doble cadena perpetua y algo más que
    arrastra Gerardo Hernández.

    Las negociaciones de este canje fueron lideradas por el defensor de
    oficio de Abel, James B. Donovan, quien sería el mediador recomendado
    por el Fiscal General Robert Kennedy al Comité de Familiares de los
    prisioneros de la Brigada de Asalto 2506. Es sabido que estos últimos
    fueron canjeados por casi $53 millones en alimentos y medicinas, pero en
    la última ronda de conversaciones, que empezó el 18 de diciembre de
    1962, Donovan pidió a Castro, como regalo de Navidad, liberar a 23
    ciudadanos americanos encerrados en prisiones cubanas. Castro repuso que
    también había cubanos presos en EE UU bajo cargos políticos. Sin
    embargo, el único caso era Francisco Molina del Río, por abrir fuego
    durante una reyerta en el restaurante neoyorquino El Prado, el 22 de
    septiembre de 1960, provocando la muerte de Magdalena Urdaneta, niña
    venezolana de 9 años.

    Al cabo, Castro accedió a la petición de Donovan, y aquellos 23
    regresaron a EE UU en dos vuelos, el 9 y el 22 de abril de 1963,
    correspondientes al programa de traslado por avión y barco de los
    familiares (unos 7.857) en Cuba de los 1.113 brigadistas liberados. La
    idea original de Castro había sido cambiarlos por 500 bulldozers, pero
    las cosas se fueron complicando y lograron resolverse gracias a Donovan
    y el Comité de Familiares.

    Antes de que ambos entraran en la negociación, Castro dejó caer que
    desistiría de los bulldozers por un canje de prisioneros que incluyera
    al líder separatista puertorriqueño Pedro Albizu Campos. Al retomarse
    por la administración Carter las conversaciones secretas que había
    emprendido Nixon hacia 1974, Castro aludió de nuevo, ante los
    diplomáticos Robert Pastor y Peter Tarnoff, al canje de prisioneros
    estadounidenses en Cuba por puertorriqueños en EE UU: "Los Estados
    Unidos pudieran hacer un gesto y liberarlos, y luego nosotros haríamos
    otro gesto…"

    El asesor de seguridad nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, acudió
    entonces a John R. Standish (Departamento de Justicia) para recomendar
    el perdón a los pistoleros Oscar Collazo, sobreviviente de la tentativa
    de asesinato del presidente Truman (1950), así como Lolita Lebrón,
    Rafael Cancel e Irving Flores, quienes habían tiroteado el Congreso
    (1954) junto con Andrés Figueroa, ya en libertad por problemas de salud.
    El 10 de septiembre de 1979 Carter dispuso excarcelar al cuarteto
    puertorriqueño y para el primero de octubre ya estaban Lawrence Lunt,
    Juan Tur, Everett Jackson y Claudio Rodríguez fuera de las prisiones de
    Castro.

    Coda

    Brzezinski argumentó que el gesto humanitario de excarcelar a los
    puertorriqueños reportaría la ventaja de despojar a Castro de un tema
    recurrente de su propaganda. Y eso que aquella batalla de ideas,
    derivada de que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, nunca
    llegó a la letanía de los Cinco.

    http://www.diariodecuba.com/opinion/3616-gross-y-los-cinco-tiempo-de-cambio