Alan Gross: Castro's prisoner
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    Cuba-EEUU: una ruta para liberar a Alan Gross

    Alan Gross, Represión, Internet

    Cuba-EEUU: una ruta para liberar a Alan Gross

    La utilidad para el Gobierno cubano de retener a Alan Gross en la Isla,
    una vez terminado el juicio, comienza a disminuir

    Arturo López-Levy, Larry Wilkerson, Virginia | 06/03/2011

    El juicio contra el subcontratista de la USAID Alan Gross es una
    oportunidad para que el Gobierno cubano demuestre, tanto las bases
    legítimas de su defensa nacionalista contra la política intervencionista
    norteamericana, como su buena voluntad hacia los millones de
    norteamericanos que se oponen a la política de Washington hacia Cuba. Al
    final del juicio debe hacerse evidente que los estadounidenses que
    viajen a Cuba no tienen nada que temer si mantienen una saludable
    distancia de los programas de cambio de régimen, y que Washington y la
    Habana ganarían desmantelando la lógica de hostilidad.

    El juicio sirve al Gobierno cubano para generar tres efectos:

    Primero, movilizar el nacionalismo de la población cubana al denunciar
    la injerencia extranjera en los asuntos internos cubanos. En este
    sentido, el juicio debe esclarecer si Gross informó a los líderes de la
    comunidad hebrea de su vínculo con el programa Cuba de la USAID,
    auspiciado bajo la ley Helms-Burton. De no existir ese consentimiento
    informado, será obvio el carácter encubierto del programa y el riesgo en
    el que se colocó a cubanos involucrados, violando normas elementales de
    un programa de asistencia internacional al desarrollo. La Administración
    Bush, gestora del proyecto, nunca estuvo interesada en la promoción de
    la sociedad civil cubana, sino en el uso de intercambios religiosos como
    arma para promover la "inestabilidad", como confesó su subsecretario
    Roger Noriega.

    El juicio es, en segundo lugar, un disuasivo ejemplarizante contra el
    involucramiento de cubanos, norteamericanos o nacionales de terceros
    países en los programas de cambio de régimen impuestos desde Washington
    bajo la sección 109 de la ley Helms-Burton.

    Nadie después de Alan Gross podrá decir que no sabía que corría riesgos
    de condenas de hasta veinte años. Todo lo relacionado con la ley
    Helms-Burton es rechazado por la sociedad civil cubana, pues carga el
    estigma de una intervención ilegal en asuntos de exclusiva soberanía cubana.

    Tercero, la denuncia del programa Cuba de USAID activará la repulsa
    internacional a la política norteamericana hacia Cuba. La divulgación
    del carácter encubierto e injerencista del programa dañará la
    credibilidad de la USAID en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua o
    Ecuador, donde sus gobiernos quieren reducir la influencia legitima
    norteamericana derivada de auténticos programas de asistencia al
    desarrollo. Es un daño intangible pero significativo a la política
    exterior de Obama, focalizada en el uso del poder atrayente
    norteamericano y el tendido de puentes. EEUU tendrá que reflexionar
    nuevamente sobre la racionalidad de subordinar sus intereses
    estratégicos en el hemisferio a la politiquería electorera del sur de la
    Florida.

    Castigar a la ley Helms-Burton, liberar a Alan Gross:

    La esperanza de la Subsecretaria Roberta Jacobson de que Gross sea
    juzgado y enviado a casa es razonable. Por ser el primer norteamericano
    arrestado bajo la ley de defensa de la soberanía y la integridad
    territorial cubana, Gross debe contar con el beneficio de la buena
    voluntad cubana hacia el pueblo norteamericano.

    La utilidad para el Gobierno cubano de retener a Alan Gross en la Isla,
    una vez terminado el juicio, comienza a disminuir. Una vez denunciada la
    política enunciada en la ley Helms-Burton, el único beneficio para el
    Gobierno cubano de mantener a Gross en prisión es la mención frecuente,
    como asociación a su caso, de la situación de los cinco cubanos
    condenados en Miami bajo acusaciones de espionaje, en juicios
    considerados por Amnistía Internacional y el grupo de la ONU sobre
    detenciones arbitrarias, como carentes de garantías de justicia e
    imparcialidad. Nótese que la abogada que representa a Gross en el juicio
    es la misma que ha asesorado la acción de los familiares de los cinco.

    En esa circunstancia sería muy útil la intervención de una o varias
    personalidades norteamericanas reconocidas por su prestigio, como los
    dos senadores de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores
    John Kerry y Richard Lugar. Tal visita podría ser precedida por una
    delegación de la Conferencia de organizaciones judías norteamericanas,
    que interactuando con la oficina de asuntos religiosos y el liderazgo de
    la comunidad hebrea cubana, recogerían de primera mano su visión sobre
    la ley Helms-Burton y la utilización (inefectiva) de los contactos
    inter-religiosos como arma política para imponer un cambio de régimen.

    La visita sería una ocasión propicia para que la prensa norteamericana
    reporte sobre lo factible y favorable de los viajes de los
    estadounidenses a la Isla, en el contexto de un regreso de Gross a casa.
    Los visitantes norteamericanos deberían a su vez escuchar a los
    familiares de los cinco cubanos arrestados en EEUU y reflexionar sobre
    las circunstancias en que se dio el juicio a los mismos. Tal dinámica
    daría impulso a los que abogan por un cambio de política norteamericana
    hacia Cuba y crearía espacios a otros gestos sustanciales de distensión
    por parte del Gobierno norteamericano, antes del inicio de la temporada
    electoral (Eliminación de Cuba de la lista de países terroristas;
    cancelación de las medidas de embargo que afecten al sector privado
    emergente en Cuba; posibilitar la venta de alimentos a crédito).

    La tragedia personal de Alan Gross, ciudadano norteamericano con
    intereses en la asistencia internacional al desarrollo, ha revelado una
    vez más el daño —para la sociedad estadounidense— de permitir el
    secuestro de sus valores por agendas ajenas a los derechos humanos y sus
    intereses estratégicos. EEUU no tiene que disculparse por la promoción
    de sus valores democráticos pero, el ejercicio de esos principios no
    debe enmascarar políticas de reclamación de propiedades o cambio de
    régimen a través de injerencias ilegales.

    Cuba, por su parte, no debe servir a los intereses de aquellos que
    aprobaron la ley Helms-Burton y que quieren convertir a Alan Gross en un
    obstáculo insalvable para el avance de mejores relaciones con EEUU.
    Contra la ley Helms-Burton y sus programas, toda la fuerza del derecho y
    la justicia. Hacia Alan Gross y su familia, toda la apertura y
    cordialidad cubana necesaria para acortar las distancias entre
    sociedades de Cuba y EEUU.

    Larry Wilkerson es profesor visitante Harriman del Colegio de William
    and Mary en Virginia. Es coronel retirado de las Fuerzas Armadas de EEUU
    y ex jefe del gabinete del Secretario de Estado Colin Powell (2001-2005).

    Arturo López-Levy es conferencista y candidato a Doctor en la Escuela
    Josef Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver.

    Una versión de este artículo fue publicado por The Washington Note en
    inglés.
    http://www.thewashingtonnote.com/archives/2011/03/a_road_map_to_s/

    http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/cuba-eeuu-una-ruta-para-liberar-a-alan-gross-257535